Lima,
18 de Mayo del 2012
OLLANTA HUMALA
TASSO
Presidente de la República del Perú.
Presente.-
Ref.- Carta Nº de Registro 12-004036
De mi consideración:
Como
informe a usted en la carta que envié el día 20 de Febrero pasado Sr. Presidente,
voy a continuar con la lectura que tengo grabada en mi memoria, como testimonio
personal, de los acontecimientos que marcaron las décadas del 80 y 90 en el
Perú. Estoy convencido, que la desidia y también el contubernio de autoridades
civiles y militares con las mafias del narcotráfico, fueron determinantes en el
fortalecimiento del terrorismo y el narcotráfico, que hasta el día de hoy desangran
nuestro país.
La descomposición que estas
lacras han causado en nuestra sociedad, han sido el caldo de cultivo de los
problemas sociales que ahora acarreamos, como son las mafias que se han
organizado para la extorsión, el sicariato, los marcas, etc, etc, etc. Y el
término narcoterrorismo creado para nombrar a la unión de estas dos lacras
sociales, creo se aplica ahora con mas justeza a pensar que es el narcotráfico
puramente dicho, el que está creando el terror en las zonas cocaleras, al mismo
estilo del tristemente célebre cartel de Medellín en el país vecino de
Colombia. El seudo discurso político del individuo que se hace llamar Gabriel
en la zona del VRAE, demuestra en toda su dimensión, el afán de tener una zona
de nuestro país, en los que puedan realizar sus ilícitas actividades con total
impunidad.
Después
de la última carta que le envié Sr. Presidente, he recibido ácidas críticas de
todo calibre. He tratado de explicar a la gente que me ha hecho llegar estas críticas,
que no soy periodista, tampoco un historiador, y mucho menos un literato. Pretendo
tan solo, descargar la frustración de toda una vida. Solamente deseo dejar un testimonio
escrito, de la enorme cantidad de experiencias recogidas a través de décadas de
trabajar como aviador civil en el Perú. Fundamentalmente, como testigo
presencial de todos los acontecimientos que relato en estas páginas.
La crítica más numerosa es,
que he exagerado al hablar de terrorismo de estado. Pero de que otra manera se
puede explicar por ejemplo, que cientos de “Gallardos Oficiales” de las fuerzas
armadas y policiales del Perú, incluido el actual ministro del interior, se
hayan arrastrado lastimeramente a firmar el acta de sujeción (sumisión), sino
es por puro miedo. Por puro terror. Hay denuncias hasta el día de hoy, que dicha
acta ha servido para mantener la impunidad de personal militar que participo
directa o indirectamente en graves actos contra los derechos humanos en el
Perú, y que el Ministerio de Defensa utiliza como instrumento para negar
información a la ciudadanía en general.
Recuerdo
el caso del Coronel de la Policía Nacional Juan Briceño Pomar, que luego del
golpe de estado de Alberto Fujimori de 1992, y teniendo en ese entonces el
grado de Mayor, se negó a reconocerlo como presidente legitimo, por lo cual fue
enjuiciado y perseguido, afortunadamente en el retorno a la democracia se
reconoció su valor. ¿Cuál hubiese sido la historia del Perú, si todos los oficiales de las fuerzas
armadas y policiales, fiscales, jueces, funcionarios del estado, hubiesen
tenido la valentía de bien, la dignidad de hacer lo mismo? También se peca por omisión,
no solo por acción.
Su señora
esposa Sr. Presidente, a través de las redes sociales hizo célebre una ingenua frase
“¿Es tan difícil caminar derecho?”. Pues yo tengo que decirle a la Sra. Nadine
Heredia, que en un país como el nuestro, con un estado con instituciones tan
corruptas, es muy, muy difícil.
Como
siempre, ejemplos concretos Sr. Presidente: Por varios años denuncié ante autoridades
administrativas del estado, graves irregularidades en la administración de
recursos y operaciones aéreas en diferentes zonas del territorio nacional.
Cuando agoté esta vía, recurrí al Ministerio Público y también al Poder
Judicial. Vanos fueron mis intentos de conseguir una pizca de justicia.
Lo que
si conseguí fue la reacción furibunda de funcionarios del estado, que empezaron
una persecución de demolición que terminaron con mis posibilidades de conseguir
empleo en mi profesión, y por último perder mí licencia de Aviador Civil.
Me voy a permitir utilizar
unas líneas para explicarle en que sustento esta afirmación.
El día
13 de Marzo del año 2007 presenté una denuncia penal contra los que resultaran
responsables de varios delitos que a mi entender habían cometido varias autoridades
civiles y militares. Dicha denuncia la presenté ante la mesa de partes de la
Fiscalía Provincial de Lima.
La
denuncia empezó a transitar por los retorcidos vericuetos del Ministerio
Público con terrible mala suerte. Cayó
en manos de la Fiscal Provincial Magda Victoria Atto Mendives, a cargo de la
53º FPPL, que desafortunadamente había sido reincorporada a la Fiscalía dos
meses antes, después de varios años de haber sido expulsada.
Inmediatamente
de tomar posesión de la denuncia, la Fiscal Atto Mendives aplicó un desmedido
afán de fragmentar mi denuncia, para luego proceder a derivar secciones de la
misma a diferentes fiscalías, con desconocimiento de los principios de
concentración y economía procesal que deben inspirar toda investigación, con el
ánimo aparente de afectar la evidente contundencia de mi denuncia mediante su
desintegración, ya que en ella se perfila claramente mi propuesta de la forma
como acreditar la existencia de una maquinaria instalada al servicio de la
corrupción en el interior de la Dirección General de Aeronáutica Civil,
dependencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Los delitos
que denuncie de funcionarios del estado, de retorcidos manejos empresariales y
operacionales al interior de las empresas aéreas, así como también del personal
técnico aeronáutico, repercutía directamente en la economía de los empresarios,
que como no es de otra manera en nuestra sociedad, es recurrir a autoridades
dispuestas a torcer las leyes en beneficio de sus bolsillos, y en menoscabo de
la seguridad que debería primar como base de operaciones aéreas.
En una lucha solitaria,
larga y costosa para mis magros recursos, logré reunir pruebas también con la
ayuda de la Defensoría del Pueblo y el Consejo de la Prensa Peruana, que
probaban a mí entender de manera irrefutable la comisión de delitos de dichos
funcionarios y empresarios. El resultado fue, que los mismos funcionarios al
interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se robaron las pruebas
dentro de los archivos del mismo ministerio, y la 53º Fiscalía Provincial Penal
de Lima, a cargo de la Fiscal Magda Victoria Atto Mendives, validó dichas
desapariciones, negándose a recibir nuevas pruebas, y por último, archivando la
denuncia. El Fiscal Superior encargado del supuesto control interno de la
Fiscalía de Lima a cargo del Fiscal Superior José Fernando Timarchi Meléndez,
también validó dichas maniobras, y fue más allá todavía, y refrendo las resoluciones
de la Fiscal Atto Mendives.
El día
21 de Marzo del año en curso, llegó a mi domicilio una notificación de la
Fiscalía Provincial Mixta de Daten del Marañón, firmada el día 02 de Marzo por
el Fiscal Eralio E. Pretell Saavedra. En dicha resolución me anuncia que la
denuncia presentada el 13 de Marzo del año 2007, y que fue derivada hacia esa
fiscalía por la Fiscal Atto Mendives hace cinco largos años, ha sido archivada,
y como cereza que adorna una torta, menciona que la denuncia se debió realizar
por el fuero militar. El caso denunciado es el siniestro aéreo ocurrido en la
localidad de Andoas el 05 de Mayo de 1998, con una aeronave de propiedad de la
Fuerza Aérea Peruana, que trabajaba con la fachada de la empresa TANS, y en
dicho siniestro aéreo murieron 74 civiles, empleados de la empresa
petrolera OXI, el avión era tripulado por dos pilotos civiles, y estaba
realizando un contrato de transporte de personal de una compañía extranjera.
En mi investigación personal pude constatar que los pilotos que murieron en el
siniestro aéreo, no estaban habilitados para volar esa aeronave, y la empresa TANS
les permitió actuar como mercenarios. CORPAC les permitió despegar de Iquitos a
sabiendas que llegarían de noche a Andoas, en un campo que no tenía las
condiciones para recibir vuelos nocturnos. ¿Cómo alguien se puede atrever a
firmar una resolución que afirme que esa era una operación militar?
Ya le he
mencionado antes Sr. Presidente, que de la administración de justicia en
nuestro país, mediocre y corrupta, no se puede esperar gran cosa; sin embargo,
no me deja de sorprender como fiscales y jueces se atreven a firmar
barbaridades, será porque ellos tienen claro, que la impunidad siempre está
garantizada para ellos.
Tengo
que reconocer sin embargo, la valentía del actual Presidente de la Corte
Suprema, el Dr. César San Martín Castro, de haber reconocido públicamente la
gran corrupción al interior del poder judicial y hasta se ha hablado de mafias
enquistadas. Por supuesto que inmediatamente han saltado los interesados
defensores del statu quo para atacar frontalmente al Dr. San Martín. Esperamos
que por parte de su gobierno no falte el debido apoyo a la importante gestión
de dicho magistrado.
El día
14 de Mayo del 2012, hace apenas unos días, fui citado como testigo en la
denuncia penal que recae sobre el empresario Guillermo Franklin Horler
Altamirano, bajo el número de expediente 214-2010, y que está siendo ejecutado
en el Juzgado Colegiado de Nazca a cargo de los Señores Jueces Dra. Diana María
Jurado Espino, Dr. Enrique Medina Alegría y la Dra. Rosa Liliana Gil Cahuana.
Este
proceso penal se inicia por la participación dolosa de dicho empresario en la
muerte de seis pasajeros y un piloto en un siniestro aéreo ocurrido el 25 de
Febrero del 2010, y esta investigación judicial se ha logrado gracias a la tenacidad
de familiares de los jóvenes chilenos fallecidos en el siniestro aéreo, porque
de otra manera estoy seguro, hubiesen pasado a ser solo una trágica estadística
mas de todos los crímenes impunes de nuestro país.
Lo que
me entristece profundamente, es que yo denuncie con mucha anticipación la racha
de tres siniestros mortales que se dieron en la base de Nazca entre los años
2008 al 2010. Lamentablemente, el tiempo me dio la razón. Pero eso les costó la
vida a 18 personas inocentes que vinieron al Perú a disfrutar de nuestras
maravillas naturales, y se encontraron con un perverso afán de lucro que los
llevo a la muerte.
Llegue a
trabajar a la base de Nazca en el año 2000, y el año 2001 logré formar una
asociación de mecánicos y pilotos con la intención de llevar orden en una caótica
base aérea. La asociación se denomino Asociación Aeronáutica Civil de Nazca
(AACINA), y fue debidamente registrada en los registros públicos de Ica.
Con esta
asociación logre promover que la Dirección General de Aeronáutica Civil,
legislara dentro de sus atribuciones de la Ley 27261 una Regulación Aeronáutica,
el RAP 131. Y además solicité la adecuación de sistemas de seguridad en las
operaciones aéreas como el sistema ADS, o una torre de control adicional en las
mismas Líneas de Nazca. Ninguna de mis peticiones fue escuchada por el simple
argumento que era gastar un poco mas de dinero por parte de los empresarios. Y
apenas deje de trabajar en Nazca en el año 2006, el RAP 131 fue desaparecido.
Denuncie
en su oportunidad, como empresarios inescrupulosos utilizaban combustibles no
autorizados, falsificación de documentos. Adulteración de bitácoras de vuelo. Como
no se respetaban las zonas de operación y los niveles de vuelo. Estas y otras
denuncias las realicé por escrito ante la Dirección General de Aeronáutica
Civil, ante los Ministros de Transporte de turno y ante el mismo Ministerio
Público. Nadie me hizo caso. Y lo que
es peor, las autoridades que debieron velar por el cumplimiento de las
estrictas leyes que rigen la aviación civil en el mundo, se coludieron con
empresarios inescrupulosos y el resultado fue la muerte de personas inocentes.
Como
siempre, ahora los verdaderos culpables están a buen recaudo. Las autoridades
que debieron velar por la seguridad aérea, ni siquiera están siendo nombradas
en los juicios que han devenido por estas trágicas muertes, Hay el antecedente
de un juicio penal por la muerte de cinco ciudadanos franceses en una empresa
del mismo empresario Guillermo Franklin Horler Altamirano el día 09 de Abril
del año 2008. A pesar que la sala reconoce que uno los principales factores
para estas trágicas muertes fue la falta de instrucción que la empresa no
cumplió con darle al piloto causante del siniestro aéreo, solo se condena al
piloto y el empresario responsable salió libre de polvo y paja. Ojala la
historia no se repita, y ahora si se haga justicia. Y que esto sirva para que
se abran las puertas de una real investigación al interior de la mediocre y
corrupta administración de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
Sin más que agregar por el
momento me despido de usted, agradeciendo la atención que sirva prestar a la
presente.
Atentamente,
Ricardo Valle Cabrera
DNI 07710808
Telf. 996-675-496
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