Lima,
11 de Setiembre del 2012
Señor
OLLANTA HUMALA
TASSO
Presidente de la República del Perú.
Presente.-
Ref.- Expediente 12-012005
De mi consideración:
Deseo
agradecer a su despacho Sr. Presidente, el haber redirigido mis cartas de los días
20 de Febrero y 18 de Mayo pasados, a las instancias correspondientes. Esto me
ha permitido acercarme a los actores actuales de la lucha contra el terrorismo
y el narcotráfico.
El día
21 de Julio pasado, fui citado a las oficinas de la DIRCOTE en la Av. España, por
el Comandante PNP Julio Oscar Mariño Ripa, para recibir la Constancia de
Enterado Nº 010-2012-DIRCOTE/SEC, en la cual se agradece mi preocupación por los
temas de terrorismo y narcotráfico que asolan el país, y se me indica que mis
apreciaciones van a ser evaluadas.
Al
interior del documento, la opinión de los analistas es muy diferente. De plano
rechazan todas mis apreciaciones, y las califican poco menos que desactualizadas.
Más adelante, señalan que no poseo ningún antecedente policial, pero
indican que fui investigado por la DIRANDRO en el año 1995.
El siguiente día útil me
dirigí a las oficinas de la DIRANDRO en la Av. Aramburú, a cargo del Coronel
PNP Tito Pérez Arrascue, Jefe de la División de investigación del Tráfico Ilícito
de Drogas, para averiguar con exactitud los detalles de dicha investigación. El
personal de dicha oficina declaró absoluto desconocimiento del envió de dicho
documento a la DIRCOTE.
Por indicación del personal
de la DIRANDRO, me dirigí a la División de Lavado de Activos (DIVILA), a cargo
del Coronel PNP Arturo Prado Blas, cuyas oficinas operan en La Campiña,
Chorrillos. Una vez más, tuve una respuesta negativa, y el personal de dichas
oficinas me aseguraron que de ahí no había salido ningún documento para la
DIRCOTE.
Decidí entonces, dirigir una
solicitud de información directamente al General PNP Walter Sánchez Bermúdez,
Director de la DIRANDRO, con fecha 01 de Agosto pasado.
Terminé entrevistándome con
el Comandante PNP Yupanqui, secretario del General PNP Sánchez Bermúdez. El
Comandante Yupanqui, con mucha atención y cordialidad escuchó mi inquietud, y
me informó que todo documento que sale de la DIRANDRO, firmado por el General
Sánchez Bermúdez, es visado necesariamente por su oficina, y me confirmó lo que
me habían dicho las demás dependencias de la DIRANDRO, que de esas oficinas no
había salido ninguna comunicación a la DIRCOTE. ¿Entonces de donde salió dicho
papelito? ¿Es algún intento de intimidación?
Deseo informar a través de usted Sr. Presidente, al
personal de la DIRANDRO y de la DIRCOTE, que en el año 1995 era parte de la Sociedad
Anónima Aerolíneas ALPHA S.A. Cuyos integrantes éramos el General FAP (r)
Miguel Ángel Ciriani Anchorena, el Coronel FAP (r) Enrique Rolando Garrido
Vidal, la Sra. Inda Luba Leimán Córdova y yo. Todos accionistas con el 25% como
consta en la escritura pública realizada ante el notario público Julio Antonio
del Pozo Valdez, con número de Kardex 34576, Folio Nº 40538.
Además de accionista en la
empresa Aerolíneas ALPHA S.A. cumplía las funciones de Piloto y Gerente
Administrativo.
El funcionamiento de la
empresa radicaba en el servicio a empresas privadas y entidades públicas. Uno
de nuestro principales clientes era la Fuerza Aérea Peruana, a quienes
brindábamos el servicio de relevo del personal de lucha contra el narcotráfico
en bases de difícil acceso como Palmapampa, Uchiza, Bellavista, etc, etc, etc.
En mi calidad de Gerente
Administrativo de la empresa, por mis manos pasaban las listas con los nombres
de oficiales y suboficiales destacados en dichas bases. Y como piloto, tuve la
oportunidad en algunas ocasiones de transportar personalmente dichos relevos.
Por supuesto, que todo el personal de la empresa, fue investigado por
Inteligencia de la Fuerza Aérea del Perú.
Todo este peregrinaje a
través de estas oficinas policiales, me ha permitido observar el desamparo en
el cual, el poder político tiene al personal de las fuerzas armadas y policiales
que luchan contra el terrorismo y el narcotráfico.
El mismo Contralor de la
República, el Dr. Fuad Khoury, ha informado ante el Congreso el día 05 de
Setiembre pasado, que se ha constatado el mal manejo de los recursos
destinados a los efectivos que se encuentran en la zona del VRAEM, afectada por
el terrorismo y el narcotráfico. El deplorable estado en que se encuentra el
armamento que tienen que usar, y hasta las terribles condiciones en que se
encuentra su alimentación y alojamiento, y toda clase de penurias que sufren
nuestros soldados y policías.
Del análisis más sencillo, se desprende que no hay en
este momento ninguna política articulada de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo,
y las jóvenes vidas que se envían sin mayor preparación y sin la implementación
logística adecuada, son simple carne de cañón, que se envía a la muerte
sin ningún pudor. Mientras políticos y Generales se mantienen indiferentes ante
tanto dolor.
Múltiples denuncias dan
cuenta del reclutamiento de jóvenes que son alistados con falsas promesas de
becas para una futura educación, e inmediatamente son enviados a la zona del
VRAEM, donde su inexperiencia la pagan con la vida. Claro ejemplo es el
artículo aparecido en el suplemento del diario La República del día 02 de
Setiembre del presente año, donde se da cuenta que en un solo pequeño poblado
de nombre Manantay, en Pucallpa, se cuentan en estos últimos años 15 muertos, y
otros tantos heridos con graves secuelas para el resto de sus jóvenes vidas.
Al parecer persiste la
mentalidad perversa de la época fujimontesinista, en que se creaban o mantenían
problemas ciudadanos. De esa manera tal vez piensan ganarse la simpatía de la
población, ó que se vea el sacrificio de agentes del orden.
La cruda realidad, es la
ausencia de instituciones públicas que garanticen la seguridad y el orden, y
las fuerzas armadas y policiales carecen de una dirección competente, de una
logística adecuada, y de un entrenamiento en condiciones apropiadas en el
escenario en que se va a combatir a las lacras sociales del terrorismo y el
narcotráfico.
El día 30 de Julio del
presente año, se hizo pública la noticia, que según un informe difundido en
Washington, por el Director de Política Nacional de Control de Drogas de los
Estados Unidos, el Perú había pasado a la triste condición de primer productor
de cocaína en el mundo, con una producción estimada de 325 toneladas.
Con una pizca de sentido
común, con un breve análisis, y aceptando que la producción peruana de cocaína
sea de 325 toneladas. Si esto lo convertimos en kilos y hablamos de 325,000
kilos, y estos kilos los convertimos en dólares ¿De cuantos miles de millones
de dólares estaríamos hablando?
¿Sería posible realmente que
toda la logística necesaria en insumos, en movimientos financieros, sea ajeno a
autoridades y poderosos agentes económicos? Realmente no lo creo. El narcotráfico es un negocio ilícito,
es un delito de lesa humanidad. Pero es un negocio al fin. Un negocio muy
lucrativo, y como tal es tratado por los involucrados. El nivel industrial que
ha alcanzado en el Perú en estos momentos, no puede ser explicado como lo
intentan hacer todos los grandes especialistas que abundan en periódicos,
programas televisivos, blogs especializados, etc. No se puede aceptar que tales
volúmenes de droga sean procesados con insumos producidos artesanalmente, y que
el transporte hormiga de mochileros a través de cientos de kilómetros de pura
selva, sea el medio de transporte de cientos de miles de kilos de droga.
En las décadas del 80 y 90,
llegue a atisbar cómo se realizaba este ilícito negocio. En estos momentos, no
tengo ni idea. Pero si algo me queda claro, es que necesariamente, poderosos
intereses económicos han cubierto con un velo de impunidad este ilícito
negocio. No hay forma que movimientos tan grandes de dinero se muevan sin ser
detectados por autoridades competentes. ¿Quiénes manejan estos hilos? No lo sé,
y al parecer, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía están
impedidos de averiguarlo.
En numerosas ocasiones he
visto aparecer en medios periodísticos a autoridades del más alto nivel, como
los ministros del interior de turno, lo mismo que Directores Generales de la Policía
anunciando importantes incautaciones de droga, y detallan pletóricos de
felicidad que se han podido incautar 300 kilos de droga de alta pureza, 500
kilos, y en alguna oportunidad hasta 3000 kilos de droga. Esto podría resultar cómico,
sino seria porque realmente es una tragedia nacional, que mientras se consiguen
estas ridículas incautaciones, por delante de las narices de las
autoridades peruanas, pasan anualmente más 300,000 kilos de droga.
El día 28 de Agosto del
presente año se hizo pública la noticia que el Capitán EP (r) Vladimiro
Montesinos Torres y el General FAP (r) Walter Richter Cruz, habían sido
absueltos por el Poder Judicial del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, por el
hallazgo de 196 kilos de droga, encontrados en el avión presidencial, el día 10
de Mayo de 1996.
Esta noticia trajo a mi
memoria, que en el año 2002, tome conocimiento, por un Oficial de alta
graduación de la Fuerza Aérea Peruana, y de un empresario de aviación, que en
la playa Arica, en una propiedad del Capitán EP (r) Vladimiro Montesinos
Torres, se realizaba a gran escala el tráfico ílicito de drogas.
Revisando luego una
minuciosa investigación, en la revista Caretas, sobre dicho inmueble, se puede
observar que los famosos túneles hallados en dicha propiedad, eran de
dimensiones considerables, Podrían haber sido utilizados no solo como vías de
escape, como ingenuamente pretendió darse a conocer. Esos túneles pudieron
haber servido perfectamente como recintos de almacenaje de grandes cantidades
de droga.
El inmueble estaba a escasos
metros de la playa, y es de público conocimiento, que la mafia fujimontesinista,
contaba con veleros que podían realizar enormes travesías a través del mar. Muy
bien podían llevar droga a países cercanos, o alcanzar otras embarcaciones en
alta mar, o mejor aún, en aguas internacionales. Es también de público
conocimiento que la mafia fujimontesinista tenía absoluto control de bases
militares donde se traficaba con total libertad e impunidad. Es entonces a
todas luces claro, que realmente pudo haber existido tal tráfico de drogas a
gran escala, en dicho lugar.
Solicito formalmente a
través de su despacho Sr. Presidente, que ordene a quién corresponda, se
realice una profunda investigación, sobre este posible tráfico ilícito de
drogas a enorme escala, en las instalaciones de la playa Arica, de propiedad de Vladimiro Montesinos Torres.
No puedo
dejar de opinar esta vez sobre la anunciada Ley del Negacionismo que se está
promoviendo desde el interior del Poder Ejecutivo. Al parecer cuenta con una
gran simpatía de la población y del Congreso de la República. Pero ¿Porqué solo
se refiere a los criminales de Sendero Luminoso y de MRTA, y deja de lado el
terrorismo de estado provocado por Alberto Kenya Fujimori Fujimori, Vladimiro
Montesinos Torres y su brazo armado el Grupo Colina? No se debería sancionar
también a quienes siguen pregonando que el sentenciado por crímenes de lesa
humanidad Fujimori, ha sido el mejor presidente de la historia del Perú.
Vladimiro Montesinos Torres tiene cientos de simpatizantes que abiertamente le
brindan su apoyo por las redes sociales. ¿No sería peligroso también dejar en
manos de jueces y fiscales, que en boca del propio Presidente de la Corte
Suprema, está inundado de corrupción? ¿No podría esta cuestionable ley, abrir
las puertas a indiscriminadas cacerías de brujas? De buenas intenciones está
empedrado el camino al infierno Sr. Presidente.
Sin más que agregar por el
momento me despido de usted, agradeciendo la atención que sirva prestar a la
presente.
Atentamente,
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Ricardo Valle Cabrera
DNI 07710808
Telf. 996-675-496
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