Este tema rara vez se toca en los medios de comunicación masiva.

Representación política e impunidad

Martes, 25 de febrero de 2014

La República: Nelson Manrique Gálvez

Pensé dedicar la columna de hoy a Venezuela, pero constato que la atención puesta en los sucesos en la patria de Bolívar está dejando en segundo plano temas de política nacional muy importantes. Dejo pues Venezuela para la próxima semana.

La destrucción de la institucionalidad es favorecida por la estrecha relación que se ha venido estableciendo entre la elección de representantes y la búsqueda de la impunidad. Cada vez que un político es acusado de un hecho delictivo proclama que esta es una “persecución política” y busca ser elegido para algún cargo representativo, de esos que brindan inmunidad. De esta manera la institución de la inmunidad, cuya función original es proteger a los representantes de presiones indebidas, es prostituida y convertida en una capa protectora contra la justicia.

Algo similar sucede con la elección de representantes, cuya función es crear los aparatos encargados de representar a los ciudadanos y asegurarse de que sus intereses sean reconocidos e incorporados en el gobierno de la nación. Esta función se bastardea cuando hay “representantes” cuyo único objetivo al postular es burlar a la justicia.

Sucedió con los delitos por los cuales fue denunciado Alan García ante el Poder Judicial, luego de su primer gobierno (reservas internacionales, el BCCI y el Banco Ambrosiano, aviones Mirage, tren eléctrico y un largo etcétera), que él convirtió en una “persecución política” y de los cuales logró zafarse con una pequeña ayudita de sus amigos (Vladimiro Montesinos) que le ayudaron a conseguir la prescripción de los delitos de los que estaba acusado penalmente.

Más recientemente sucedió cuando se encontraron cien kilos de cocaína en las instalaciones de una empresa de la que es accionista Kenji Fujimori. Su inmediata reacción fue proclamar que “querían impedir su candidatura presidencial para el año 2016” (¡), declaración que tuvo que rectificar al día siguiente, cuando lo cuadraron, recordándole que por línea dinástica la candidatura del 2016 pertenece a Keiko. Sería bueno preguntarse en qué anda la investigación sobre ese aliño de drogas.

Sucedió igualmente con Alejandro Toledo y el caso Ecoteva, donde la existencia de millones de dólares, cuyo origen y titularidad siguen siendo un novelesco misterio, así como sonadas adquisiciones inmobiliarias, fueron convertidas en una nueva “persecución política”.
El Apra se quedó sin candidato el 2011 en buena medida debido a la desesperación de Jorge del Castillo por lograr ser candidato presidencial, primero, y por su intento de ser elegido representante, lo que terminó reduciendo al mínimo la representación partidaria aprista, a un pelo de quedar fuera del escenario parlamentario.

Más de lo mismo se ha vivido durante la reciente conmemoración del “Día de la Fraternidad” aprista. Alan García vuelve a presentarse como la víctima de una “persecución política” y no dice una palabra sobre la liberación de 5,500 delincuentes, cuyos expedientes ostentan su firma. Ataca la creciente inseguridad en las calles pero silencia la decisiva contribución que él ha hecho a la misma al lanzar a las calles a miles de delincuentes de alta peligrosidad; según la reciente encuesta de Ipsos el 51% de los entrevistados cree que hubo pagos de por medio. Declara haber sido investigado y exculpado de los cargos de los cuales se le acusa silenciando que aún está pendiente el debate del informe de la megacomisión parlamentaria, que lo acusa de integrar una organización delictiva. Es bueno recordar que cuando el escándalo de los narcoindultos se hizo público mintió abiertamente al país a través de la televisión, afirmando enfáticamente que él no había firmado la liberación de ningún narcotraficante. Luego se supo que fueron 3,274 los narcotraficantes beneficiados, entre ellos 400 sentenciados por narcotráfico agravado, con integrantes de los carteles de México y de Nigeria en el paquete.

El archivamiento por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima del caso de las esterilizaciones forzadas realizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori constituye un atropello flagrante a los derechos humanos. Esto es clamoroso: el procurador anticorrupción señala que 400 mujeres han brindado testimonios coincidentes y concordantes y eso es más que suficiente para iniciar una investigación. Que la preocupación por los derechos humanos en Venezuela no nos lleve a olvidar lo que está sucediendo en casa.