Según la encuesta de GfK publicada por La República el domingo un 49% de los entrevistados cree que el próximo presidente será cualquiera menos García, Keiko y PPK. La mitad del país continúa desconfiando del elenco electoral favorito de los medios de comunicación concentrados y aún queda bastante pan por rebanar.
La corrupción se ha instalado como uno de los ejes fundamentales del debate preelectoral pero de una manera perversa. No como un zanjamiento de la parte sana de la sociedad contra esta lacra sino como una gresca callejera entre líderes partidarios cuyo libreto es bastante evidente: levantar la corrupción ajena para relativizar el peso de la corrupción propia. Sería ingenuo no ver la obvia relación entre los afanes de Alan García, Jorge del Castillo y la prensa que los respalda para posicionar las agendas atribuidas a Nadine Heredia como el centro del debate político precisamente cuando se debate en el congreso el informe de la megacomisión sobre la corrupción aprista y en los tribunales de justicia los narcoindultos firmados por Alan García. Por supuesto que lo que hasta ahora se sabe sobre las agendas amerita una profunda investigación pero esto no debiera desviar la atención del hecho de que ocho de los nueve informes de la megacomisión ya han sido aprobados por el pleno del Congreso (65 votos a favor, 5 en contra –de los cuales 4 son apristas– y 7 abstenciones). En cuatro de ellos (Business Track, narcoindultos, Collique y Agua para Todos) se recomienda denunciar a García. En los tribunales viene saliendo a la luz el alto grado de involucramiento del Apra en el negociado de narcoindultos y conmutaciones, con revelaciones como que se liberó a narcos que luego fueron incorporados como personal de la comisión de gracias presidenciales para liberar a nuevos narcos.
El intercambio de acusaciones entre Nadine y Alan parece haber afectado más a él que a ella: Heredia subió de 11% a 17% de aprobación entre junio y agosto, mientras que la intención de voto por García cayó de 10% a 6%, llegando al nivel que posiblemente constituya el punto más bajo de toda su carrera política. Se abre la posibilidad de que García termine renunciando a su candidatura presidencial.
Adquieren por eso una significación especial las declaraciones de Lourdes Flores Nano –que antes afirmaba que para votar por García se cubriría la nariz y ahora dice que hasta comulgaría con él– y del presidente del PPC Raúl Castro Stagnaro, que subraya las coincidencias políticas entre el PPC y el Apra.
La insinuada posibilidad de una alianza atraería la crítica por corrupción sobre la coalición, poniendo otra vez bajo el escrutinio las relaciones de Lourdes Flores con César Cataño –Adolfo Carhuallanqui Porras, un cliente de Lourdes por quien afirmó que pondría las manos al fuego. Según su expediente policial, Carhuallanqui-Cataño fue acusado por narcotráfico luego de que lo encontraran con 100 kg de cocaína en Junín. Su expediente fue oportunamente extraviado y su acusación prescribió. Carhuallanqui no sólo comercializaba drogas sino hasta tenía un pozo de maceración de PBC en su propia casa. Declaró a la policía que se cambió de nombre para evadir a la justicia que lo perseguía por narcotraficante. Confirmó que su familia estaba metida en el negocio, incluida su madre, María Porras, que apoyó el 2006 a Lourdes Flores con seis camionetas durante su campaña electoral, según ella misma lo ha reconocido públicamente. Carhuallanqui fue militante del PPC. En una entrevista con Milagros Leiva (El Comercio, 17/9/10) Lourdes declaró que se jugó por Carhuallanqui, “ayudándolo en los procesos no penales (…) en una serie de asuntos empresariales y luego lo ayudé a formar la aerolínea Peruvian Airlines, de la que fui presidenta del directorio por seis meses”. El escándalo que esto provocó obligó a Lourdes a renunciar al directorio de la aerolínea, pero, según reconoció, continuó laborando para él cobrando $10,000 mensuales, por “un trabajito” cuya naturaleza declinó explicar. Añadió que si se comprobaba que Carhuallanqui era narcotraficante: “con enorme humildad reconocería mi error, me endeudaría en un banco y devolvería la plata porque ahora no la tengo”. Es probable que se vea obligada a honrar su promesa pronto.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria acaba de declarar infundado un recurso de excepción presentado por Cataño-Carhuallanqui, para que se anulen los cargos en su contra. Estamos pues en vísperas del inicio de un juicio público por presunto delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico en que la fiscalía ha pedido una pena de 30 años de prisión para Carhuallanqui-Cataño y el cierre de sus empresas. Mal momento para una alianza.
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